Lawfare: un acto político disfrazado de proceso judicial.

El Lawfare (palabra en inglés que significa “Guerra Jurídica") es una práctica política no convencional que se viene dando en Latinoamérica en los últimos años, donde por medio del uso ilegítimo y abuso del derecho interno e internacional de un país se busca obtener ventajas en relaciones públicas, paralizando política y financieramente a los adversarios políticos, e inmovilizarlos judicialmente para que no puedan perseguir sus objetivos ni presentar sus candidaturas a cargos públicos. (Enrique Santiago Romero - 2018)

Se basa en múltiples denuncias penales vinculadas a hechos de corrupción por parte de los funcionarios de gobiernos y con ello se busca deslegitimar, no solo a dichos funcionarios, sino al partido político en su conjunto, su ideología e inevitablemente, por asociación, a todas las medidas realizadas en sus gobiernos.

Las denuncias son realizadas por otros sectores políticos que no son gobierno, muchas veces siendo hechos que no son siquiera delitos, sino irregularidades legales o fiscales, que no están relacionadas de por sí con el desempeño de sus funciones políticas, pero que crean una imagen negativa de los denunciados relacionada con la corrupción.

Los Medios de Comunicación

Otro aspecto de este fenómeno es el importante peso de los medios de comunicación en la formación de la opinión pública. No hay que olvidar que muchos de ellos son entes privados que no son más que pequeñas sucursales de los grandes conglomerados mediáticos, empresas con intereses económicos que dejan notarse en el contenido que producen, comercializan y transmiten.

La libertad de prensa es uno de los derechos constitucionales más importantes de una democracia. Ello no implica que sea un derecho absoluto, y a pesar de que existen ciertas herramientas jurídicas para prevenir o reparar un daño hacia la moral o imagen de las personas (EJ: las calumnias o injurias), con el surgimiento de las redes sociales ya no hay demasiadas limitaciones a la distribución del contenido, su veracidad y (debido al anonimato) tampoco su origen.

Este constante bombardeo ideológico que sufrimos permanentemente, es aprovechado por todos los dirigentes y empresarios con intereses geopolíticos en la región. Es frecuente la manipulación de la opinión pública ejerciendo propaganda negativa, con el fin de provocar una enorme presión pública en contra de una persona, un grupo o una causa, y eso está muy lejos del supuesto fin que es la comunicación objetiva.

En los últimos años, los medios han alimentado la polarización ideológica de la sociedad y el consecuente enfrentamiento social que esto produce. Movimientos de extrema derecha que rememoran oscuras épocas aparentemente superadas están en crecimiento a lo largo de todo el globo, y en Latinoamérica particularmente han obtenido resultados electorales positivos, agitando las banderas del libre mercado, el conservadurismo en materias de derechos sociales y religiosos, racismo y militarismo, y se muestran como la cura contra el “populismo” y la corrupción.

Es notable como se desprestigian las manifestaciones populares en los medios de comunicación más importantes, frecuentemente su legitimidad se pone en tela de juicio y son mostradas como situaciones violentas e indeseables que no deberían ser toleradas y, en cambio, sí reprimidas.

La demonización de la política partidaria

Partiendo de la premisa donde la culpa de los males y fracasos de la sociedad son culpa de la clase política, se crea una atmósfera de desesperanza en los políticos de profesión y se aleja a la política misma de la concepción como herramienta para lograr el bienestar general. A raíz de esto, surgen actores alternativos a los partidos tradicionales, candidatos que emergen por fuera del sistema político (conocidos como “Outsiders”) impulsados por los medios de comunicación como personas capaces y exitosas en el ámbito privado que son generalmente recibidos con buenos resultados por parte del electorado, ya que se los muestra cercanos al ciudadano común y ajenos a los supuestos “males y vicios” de la política.

Abuso de la Prisión Preventiva

En argentina se ha abusado también de la Prisión Preventiva, que en pocas palabras es una medida cautelar excepcional que consiste en privar de la libertad a una persona acusada de un delito sin condena firme para evitar que entorpezca la causa penal en su contra o se de a la fuga, violando el principio de Presunción de Inocencia, es decir que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario.

Muchos políticos luego de abandonar sus funciones por el cambio de gobierno han estado en prisión preventiva varios años y finalmente no han recibido una condena, y si bien reciben un resarcimiento económico por haber estado presos indebidamente, las consecuencias políticas que esto genera no son aceptables en una república como la nuestra. También es usual el uso de espionaje ilegal para investigar políticos o empresarios y las extorsiones que reciben los propios miembros de la justicia.

Los principales medios de comunicación cumplen un rol protagónico en el Lawfare

La justificación de los crímenes cometidos por las fuerzas de seguridad bajo el argumento de estar amparados por la Legitima Defensa, se están volviendo cada más frecuentes. Parece que para estos sujetos el derecho a la privacidad, el derecho a huelga, la presunción de inocencia e incluso el derecho a la vida son menos importantes que mantener la seguridad y el orden público.

Casos en la región.

Brasil

No es casualidad que tanto la presencia de denuncias y como el impulso de los juicios aumentaron de intensidad cuando se aproximaron las elecciones en Brasil, Argentina, Ecuador y Bolivia.

En el país vecino Brasil, el ex presidente Lula, líder del Partido de los Trabajadores, supo gobernar para las clases más humildes y disminuir - a niveles históricos - la pobreza, mediante políticas distributivas que promovieron el pleno empleo, los derechos de los trabajadores y el acceso a la vivienda, salud y educación. El éxito de su gobierno se vio reflejado en un importante apoyo popular, situación que presentaba graves dificultades para los sectores de la derecha y sus aspiraciones: era muy poco probable que pudieran obtener un triunfo en las urnas en elecciones normales. El objetivo principal fue que Lula no pudiera presentarse a elecciones.

El proceso penal en el que se vio implicado, si bien cumplió todos los mecanismos y rituales necesarios, es evidente que existió un abuso del poder coercitivo por medio de escuchas ilegales, prisión preventiva, y publicación de dichas escuchas para generar apoyo en la opinión pública en contra del procesado. La sentencia estaba escrita mucho antes que la condena y el héroe de esta historia era Sergio Moro a pesar de que dicha condena no cuenta con medios de prueba o argumentos jurídicos lo suficientemente fuertes como para concluir en la culpabilidad del líder político.

Por otra parte, la campaña de Jair Bolsonaro no presentó mayores complicaciones una vez condenado Lula, con la opinión pública a su favor, levantando las banderas de la anticorrupción y con un discurso de guerra hacia ésta, gana las elecciones presidenciales de 2018. No es un dato menor que Sergio Moro sea el actual ministro de justicia de la nación.

Argentina

En nuestro país hubo un intento infructuoso de llevar a cabo los mismos métodos. La primera medida tomada por el gobierno de Macri que atentó contra la Constitución Nacional fue la designación de los dos jueces de la corte suprema mediante decreto en diciembre de 2015, en vez de hacerlo por medio de una sesión donde se requiere la aprobación de los dos tercios del Senado.

Es posible que el accionar del gobierno de Mauricio Macri que arremetió contra las normas legales y avasallando funciones propias del poder legislativo y judicial en reiteradas ocasiones (Decretos de necesidad y urgencia, la designación de la diputada por el Pro Laura Alonso, del partido oficialista en la Oficina anticorrupción, acusaciones no comprobadas contra opositores, medidas que beneficiaron a personas cercanas a él mismo o a su gobierno como la ley del blanqueo, apriete de jueces, etc) tenga su origen en que el gabinete y en que sus principales funcionarios no sean abogados y por ende no tengan conocimiento técnico de las formas legales y cuestiones básicas sobre las funciones de cada poder republicano que se encuentran plasmadas en la Constitución Nacional y son requisito indispensable para gobernar una nación.

Luego del cambio de gobierno en el año 2015, la persecución judicial a los ex funcionarios empezó a llevarse adelante y el objetivo máximo obviamente fue Cristina Fernández de Kirchner. Con embargos que superan los 14.000 millones de pesos, dictaminados en los diferentes expedientes en su contra, la electa vicepresidenta cuenta a la fecha con nueve procesamientos (siete de ellos en causas de corrupción) y cinco pedidos de prisiones preventivas. Es curioso que en la mayoría de los casos en las que Cristina Fernández es acusada los sorteos arrojaron las causas a las manos de Julián Ercolini y principalmente de Claudio Bonadio. (Lucía Salinas – 2019).-

Luego de las elecciones primarias de 2019, la Cámara Federal porteña revocó dos de los procesamientos contra la ex presidenta: la causa de "renegociación de corredores viales" y la de "compra de gas licuado", ambas llevadas por el Juez Bonadio.

En algunas de las causas en las que Fernández fue denunciada por corrupción, la responsabilidad penal no recaía sobre su persona como fue mostrado por los medios de comunicación. Es irrazonable debido a la incapacidad de que la ex presidenta pudiera conocer las irregularidades o actos de corrupción en las esferas inferiores de su gobierno, resulta hilarante que se demande a quien ejerce la presidencia responder por los supuestos delitos desplegados por sus funcionarios ya que esa no es la función de una presidenta, y sí lo es de otros organismos como la Oficina Anticorrupción, la Auditoría General de la Nación o la Sindicatura General de la Nación. El objetivo de las denuncias contra la ex mandataria son claramente ensuciar su imagen pública y por medio de la prisión preventiva (objetivo que resultó frustrado) evitar que se presente a elecciones.

El problema más grave de este mecanismo utilizado en Latinoamérica en los últimos años, es que al violentarse las garantías constitucionales queda sentado un precedente en el cual nadie queda ajeno a la posibilidad de sufrir una condena arbitraria, pero para muchos de nosotros las esperanzas no se agotan y la historia será quien juzgue a estos personajes infames que destruyen la democracia y atentan contra la república.

Bolivia

Tras las elecciones presidenciales del 20 de octubre de 2019 en Bolivia, una auditoría realizada por la OEA (Organización de los Estados Americanos) declaró la presencia de "serias irregularidades" que buscaban manipular los resultados, afirmando que, si bien el oficialismo hubiera ganado las elecciones, no lo hubiera hecho por la diferencia del 10% requerido para no ir a ballotage. Frente a esta tensa situación, el ex-presidente Evo Morales resuelve llamar a nuevos comicios.

La creciente presión ejercida por las Fuerzas Armadas –quienes "sugirieron" renunciar al mandatario– la oposición y el estallido de protestas masivas con escalada de violencia desencadenaron en la renuncia de Morales, quien tras condenar la persecución de dirigentes sociales tuvo que recibir asilo político en México.

La posterior renuncia de su vicepresidente y de la presidenta del senado –siguientes en la línea sucesoria– ocasionaron acefalía presidencial –es decir, vacío de poder–. Oportunamente, la legisladora de la oposición Jeanine Áñez Chávez, se autoproclamó como presidenta interina hasta el nuevo llamado a elecciones que se fijó para el 3 de mayo de 2020.

Es relevante, por un lado, el apoyo al nuevo gobierno por parte de los Estados Unidos y Brasil principalmente, y por otro, el silencio de la mayoría de los países de la región ante las constantes persecuciones de políticos afines al gobierno saliente y la manera con que tomaron el poder de facto, arremetiendo violentamente contra toda reivindicación de las comunidades indígenas.

La lógica salida de esta nociva situación que afecta al estado de derecho boliviano son las elecciones libres y democráticas, mecanismo idóneo para representar los intereses de nuestro pueblo vecino.

Conclusiones

Es imprescindible la promoción de mecanismos y herramientas para lograr el fortalecimiento de la independencia judicial y así evitar que se generen atropellos que en definitiva provocan en los ciudadanos una desesperanza y falta de confianza en la justicia. Por otra parte, teniendo en cuenta que el Poder Judicial es el único en que no se despliega la voluntad popular, lo más sensato sería dejar la hipocresía de lado y democratizar la justicia, para propiciar que la decisión de todos los ciudadanos, en lugar del antojo de la élite dominante, conduzca el destino de nuestra justicia.-

1. [1] https://www.alainet.org/es/articulo/194894